por Sergio Antonio Herrera
El cierre tuvo responsables, decisiones concretas y una historia que no terminó cuando dejaron de volar los aviones. Después vinieron la liquidación, la parodia de subasta, Cosmo, el aval del BROU y las explicaciones contradictorias de quienes pretendieron convencernos de que todo aquello era una salida razonable.
La tesis de este estudio es clara: hubo una maniobra orientada a favorecer a Juan Carlos López Mena, mientras se instalaba sobre Campiani y sus socios una acusación que nuestra investigación cuestionó desde sus fundamentos.
En el libro expliqué el asunto de los cheques de ANCAP: de los 222 librados, 201 habían sido honrados y los 21 restantes no habían vencido cuando se retiraron los accionistas privados. También documenté que Aerovip, presentada como una operación ruinosa, había producido un resultado positivo de casi dos millones de dólares. Esos datos merecían respuestas. Repetir las palabras “vaciamiento” y “estafa” no las proporcionaba.
Carlos Moreira impulsó la denuncia penal. Catorce años después de su presentación, corresponde examinar tanto sus fundamentos como las consecuencias políticas que tuvo. En nuestra entrevista de enero de 2026, Jorge Barrera, defensor de Campiani, señaló algo todavía más grave que la ausencia de sentencia: no había acusación fiscal. ¿Cómo se explica semejante demora? ¿Quién responde por el tiempo de prisión, por el daño personal y por una causa que sigue sin resolución?
La historia de la subasta tampoco puede quedar reducida a una anécdota del “caballero de la derecha”. El 12 de septiembre de 2012 le advertí a Enrique Pintado que el problema era la ausencia de compradores reales. El 1 de octubre apareció Cosmo, representada por Hernán Antonio Calvo Sánchez, con una oferta de 137 millones de dólares que no se concretó.
Luego llegó el almuerzo en Lindolfo, donde coincidieron López Mena, Lorenzo y Calvo Sánchez. El PDA denunció también las instrucciones dirigidas al empresario desde el Ministerio de Economía para poner en funcionamiento la operación. Todo eso debe leerse junto con las negativas de López Mena sobre su participación. La secuencia exige una explicación completa.
José Mujica ocupaba la Presidencia. Fernando Lorenzo dirigía Economía. Enrique Pintado dirigía Transporte. Fernando Calloia presidía el banco que otorgó el aval. No eran espectadores. El estudio reconstruye sus actuaciones y cuestiona, además, que los antecedentes de Pablo Seitún en la subasta no hayan impedido que se le confiara una responsabilidad en la DINACIA.
El laudo del CIADI de 2024 dio una nueva dimensión a esta historia al condenar al Estado uruguayo y respaldar aspectos centrales de nuestra investigación sobre su actuación. Uruguay terminó pagando. La discusión sobre quiénes tomaron las decisiones y quiénes se beneficiaron sigue abierta.
Publicamos este estudio porque el paso del tiempo no puede convertirse en una absolución por cansancio.
Mujica murió. López Mena está vivo. También están vivos otros protagonistas que pueden explicar sus actuaciones. El país tiene derecho a exigirles respuestas.
Pluna dejó de volar. Las preguntas siguen en pie.
