por Sergio Antonio Herrera
(Este contenido fue creado antes del anuncio de puesta en marcha del ILS CAT IIIB el domingo 14 de junio a las 22.00 horas)
Pero el problema es que estamos discutiendo la consecuencia y no la causa. Estamos mirando el árbol y no el bosque. Porque el verdadero escándalo no es que un sistema de aterrizaje de última generación se demore unos días más o unos días menos. El verdadero escándalo es que Uruguay haya llegado a este punto. Y para entenderlo hay que decir cosas que en general nadie quiere decir.
Nosotros las venimos diciendo hace años. Y las vamos a seguir diciendo. Aunque molesten. Aunque incomoden. Aunque algunos prefieran matar al mensajero.
Hay una primera realidad que debe quedar establecida. Los controladores aéreos tienen reclamos legítimos. Siempre los tuvieron. Faltan recursos. Falta personal. Faltan cargos. Falta inversión. Falta planificación. Faltan muchas cosas. Nadie puede negar esa realidad.
Pero una cosa es reclamar mejores condiciones laborales y otra muy distinta es instalar en la opinión pública la idea de que la puesta en funcionamiento del ILS CAT IIIB implica riesgos para la seguridad operacional.
Según la información que manejamos, según las consultas realizadas al más alto nivel técnico y según todo lo que hemos venido investigando y publicando durante semanas, existe personal entrenado, existe capacitación suficiente y no existe ninguna razón técnica que justifique sembrar temor entre los usuarios del sistema.
Por eso sostuvimos y sostenemos que los controladores aéreos amedrentan a la opinión pública especulando con medias verdades.
Porque nadie nos ha demostrado lo contrario.
Y porque además formulamos una pregunta concreta al más alto nivel técnico del sistema.
Si mañana se decreta la esencialidad y se pone en funcionamiento el ILS CAT IIIB, ¿existen riesgos para la seguridad operacional?
La respuesta fue contundente:
"De ninguna manera. Hay personal suficiente, está capacitado y los anuncios de eventuales problemas de seguridad se hacen aprovechando la situación".
Por lo tanto, si mañana el Poder Ejecutivo declara la esencialidad del servicio y ordena la puesta en funcionamiento del sistema, el ILS CAT IIIB puede operar normalmente porque existe personal capacitado para hacerlo.
Y esto hay que decirlo con absoluta claridad.
Porque una cosa es discutir salarios. Otra cosa es discutir cargos. Otra cosa es discutir condiciones laborales. Y otra muy distinta es instalar temor en la población sugiriendo que existe un riesgo operativo que las propias fuentes técnicas consultadas descartan.
Ahora bien, ¿significa eso que los controladores son los únicos responsables?
De ninguna manera.
Y aquí es donde aparece la enorme hipocresía del sistema político uruguayo.
Porque escucho a Javier García indignarse y me pregunto: ¿recién ahora descubrió el problema? ¿Recién ahora descubrió que DINACIA tiene carencias? ¿Recién ahora descubrió que faltan recursos? ¿Recién ahora descubrió que los controladores tienen capacidad de presión?
No. Claro que no.
Porque todo eso existía cuando era ministro. Y existía antes también.
Y escucho a Sandra Lazo decir que la seguridad está primero.
Y vuelvo a preguntarme:
¿Y quién dijo que la seguridad no está primero?
Lo que estamos preguntando es otra cosa.
¿Por qué llegamos hasta acá?
¿Por qué un país que necesita desesperadamente conectividad aérea vive permanentemente rehén de conflictos operativos?
¿Por qué un organismo que recauda más de cincuenta millones de dólares por año recibe apenas una pequeña parte de esos recursos para funcionar?
¿Por qué la mayor parte del dinero termina en Rentas Generales?
¿Por qué se obliga a DINACIA a sobrevivir con recursos insuficientes mientras se le exigen estándares internacionales?
Esa es la discusión.
No la otra.
Porque lo que estamos viendo es una pelea entre oficialismo y oposición para determinar quién hereda la culpa.
Y la verdad es mucho más incómoda.
La culpa es compartida.
La culpa es acumulativa.
La culpa es histórica.
La culpa es del sistema político uruguayo.
De todo.
Sin excepciones.
Y lo decimos con absoluta independencia.
Porque a esta altura de nuestra vida profesional no necesitamos pedir permiso para opinar. Ni al Frente Amplio. Ni al Partido Nacional. Ni a nadie.
Lo demostramos hace muchos años cuando publicamos Pluna, el riesgo de volar alto, un libro en el que señalamos con nombre y apellido a quienes entendíamos responsables de una de las mayores tragedias institucionales de la aviación uruguaya.
Y no nos fijamos de qué partido eran.
Señalamos a José Mujica.
Señalamos a Carlos Moreira.
Señalamos decisiones políticas que consideramos desastrosas.
Y el tiempo, en gran medida, terminó dándonos la razón.
Porque catorce años después seguimos pagando las consecuencias.
Porque todavía hoy no existe una sentencia definitiva en la causa penal iniciada contra Matías Campiani y sus socios.
Porque aquellos empresarios fueron enviados a prisión bajo acusaciones gravísimas.
Y porque mientras tanto el Estado uruguayo terminó condenado por el CIADI a pagar 56 millones de dólares.
Por eso nadie puede venir a explicarnos ahora qué significa ser independiente.
Nuestra independencia no empezó ayer.
Nuestra independencia tiene décadas.
Por eso hoy podemos decir tranquilamente que Javier García tiene responsabilidad.
Que Sandra Lazo tiene responsabilidad.
Que los gobiernos anteriores tienen responsabilidad.
Que los actuales también.
Y que mientras todos ellos se señalan mutuamente, el país sigue perdiendo tiempo, prestigio, competitividad y credibilidad.
Porque mientras nosotros discutimos, las aerolíneas observan.
Los inversores observan.
Los organismos internacionales observan.
Los pasajeros observan.
Y todos llegan a la misma conclusión.
Uruguay sigue sin entender que la aviación comercial no es un lujo.
No es un hobby.
No es un gasto.
No es un asunto corporativo.
Es infraestructura estratégica.
Tan estratégica como las carreteras.
Tan estratégica como los puertos.
Tan estratégica como la energía.
Y mientras no comprendamos eso, seguiremos repitiendo la misma historia.
Un conflicto detrás de otro.
Una emergencia detrás de otra.
Una postergación detrás de otra.
Un parche detrás de otro.
Por eso el debate no debería ser cuándo empieza a funcionar el ILS CAT IIIB.
Eso se resolverá.
Más temprano o más tarde se resolverá.
La pregunta de fondo es mucho más importante.
¿Alguna vez el sistema político uruguayo entenderá que la aviación civil merece una verdadera política de Estado?
¿Alguna vez comprenderá que DINACIA no puede seguir siendo una caja recaudadora para otros fines?
¿Alguna vez entenderá que formar controladores, retener talento, modernizar tecnología y garantizar continuidad operativa no es un gasto sino una inversión?
¿Alguna vez entenderá que el transporte aéreo es parte sustancial de nuestro modo de vida?
¿Alguna vez comprenderá que con este tratamiento a quienes invierten y apuestan por el país les estamos diciendo que no nos importa en absoluto lo que hagan?
Porque si no lo entiende, dentro de algunos años estaremos otra vez aquí.
Discutiendo otro conflicto.
Otra demora.
Otra crisis.
Otro escándalo.
Y otra vez veremos a oficialistas y opositores acusándose mutuamente.
Mientras la verdadera responsable sigue escondida detrás de la niebla.
Y esa responsable tiene nombre.
Se llama sistema político uruguayo.
Y a ese sistema, lamentablemente, hace demasiado tiempo que no lo vemos por la niebla.
