por Sergio Antonio Herrera
La organización gremial sostiene que no recomienda la implementación en las condiciones actuales, argumentando observaciones técnicas, operacionales y de capacitación, además de expresar su preocupación por la previsión de operar con un único controlador de tránsito aéreo.
Hasta ahí, podría tratarse de una discrepancia técnica más dentro del ámbito aeronáutico. Sin embargo, el asunto adquiere otra dimensión cuando se analiza quiénes son los actores que ya se han pronunciado sobre este proceso y cuál es el alcance real de las observaciones formuladas.
Porque la pregunta central ya no parece ser si existen diferencias de criterio, sino quién tiene la responsabilidad y la autoridad para determinar si un sistema aeronáutico está o no en condiciones de operar.
Según pudo confirmar Portal de América a través de consultas realizadas al más alto nivel, la implementación del sistema ya cuenta con todas las validaciones técnicas y regulatorias que corresponden.
Estamos hablando de organismos y actores cuya intervención es determinante en este tipo de procesos:
OACI Organización de Aviación Civil Internacional
IATA la asociación que nuclea 360 aerol+ineas en el mundo entero
THALES, fabricante de la tecnología
El correspondiente Flight Check o inspección de vuelo
DINACIA, como autoridad aeronáutica nacional
Todos ellos se han pronunciado favorablemente respecto al sistema.
Por eso resulta llamativo que, una vez cumplidas todas las instancias de certificación y validación previstas, la discusión continúe trasladándose a la opinión pública como si aún estuviera pendiente una aprobación esencial.
Porque ACTAU es una organización profesional y sindical que tiene todo el derecho de expresar su posición y defender los intereses de sus afiliados. Lo que corresponde analizar es si esa posición puede colocarse por encima de las evaluaciones realizadas por los organismos técnicos y regulatorios que tienen la responsabilidad legal de habilitar una operación aeronáutica.
La situación genera una consecuencia particularmente delicada: instala dudas en la ciudadanía y en los usuarios del sistema aéreo acerca de la seguridad de una operación que, según la información disponible, ya superó todas las etapas de evaluación exigidas.
Y esa incertidumbre no es un asunto menor.
Cuando las condiciones meteorológicas afectan la operativa aérea, las consecuencias no recaen únicamente sobre las compañías aéreas. También impactan en pasajeros, operadores turísticos, hoteles, organizadores de eventos y, en definitiva, en la conectividad y la imagen del país.
Por eso, más allá de las legítimas reivindicaciones laborales que puedan existir, parece razonable preguntarse si el debate continúa siendo estrictamente técnico o si estamos ante un conflicto que ha terminado proyectándose sobre un tema que ya fue evaluado por quienes tienen la competencia específica para hacerlo.
La cuestión de fondo es sencilla: si OACI, IATA, THALES, el Flight Check y DINACIA ya validaron el sistema, ¿qué instancia técnica falta recorrer?
Esa es la pregunta que hoy merece una respuesta clara. Porque la aviación comercial funciona sobre la base de procedimientos, certificaciones y responsabilidades perfectamente definidas. Y precisamente por eso resulta imprescindible que cada actor ocupe el lugar que le corresponde dentro del sistema.
