Según El Confidencial, la medida se apoya en el decreto aprobado por la Generalitat en 2023, que obliga a obtener una licencia urbanística previa en más de 260 municipios con problemas de acceso a la vivienda. En el caso de la ciudad condal, este marco permite al consistorio dejar expirar las 10.100 autorizaciones vigentes, lo que supondría el cierre progresivo de toda la actividad turística en este segmento.

Sin embargo, el dictamen europeo introduce un elemento clave: las administraciones pueden limitar este tipo de alojamientos, pero deben justificarlo con datos y cumplir un criterio de proporcionalidad. Esto implica demostrar que la medida es necesaria y que no existen alternativas menos restrictivas. En el caso analizado, la normativa fue cuestionada precisamente por su falta de base empírica y por aplicarse de forma generalizada.

Ese mismo punto es el que genera dudas sobre la normativa catalana. El decreto fija criterios como el encarecimiento del alquiler o la alta presencia de viviendas turísticas, pero, según la UE, no acredita con estudios que estos factores estén directamente relacionados. Además, extiende las restricciones de forma homogénea a cientos de municipios sin diferenciar situaciones concretas.

Con este escenario, el foco se traslada ahora a los tribunales. Los propietarios ya han iniciado reclamaciones y prevén apoyarse en el derecho europeo para impugnar la retirada de licencias. Si la justicia de la Unión Europea confirma la línea marcada por el abogado general, el plan de Barcelona podría verse obligado a revisarse y las restricciones a los pisos turísticos quedarían mucho más limitadas.

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