por Luis Alejandro Rizzi, desde Buenos Aires (en cuarentena sin plan)
Confieso que cada día me cuesta más entender al gobierno y a sus funcionarios. No lo digo sólo por los de ahora, sino que la cosa viene desde el gobierno anterior donde los funcionarios de la ANAC se destacaban por su mediocridad y por el desconocimiento de la actividad del transporte aéreo. No olvidemos que un especialista en equipo de diálisis fue administrador, y luego otra persona que no se destacó por su idoneidad lo sucedió.
Entre la ANAC y el Ministerio de Transporte alentaron una desprolija apertura, con la que estamos de acuerdo como política, pero que requería previamente modificaciones sustanciales a la legislación vigente, ya que la política aérea está regida por una ley nacional específica y el código aeronáutico que establece el principio de la “propiedad sustancial”.
El gobierno anterior abrió el mercado sin modificar las leyes respectivas, y el gobierno actual parecería que quisiera remediar las cosas, pero no se anima. Tampoco propone lo que sería lógico, una modificación y modernización de la política para el transporte aéreo. Recordemos que para la ejecución de la política internacional en la materia Aerolíneas Argentinas es el instrumento elegido.
La actual administradora de la ANAC se mostró desilusionada por los vanos resultados de la reunión referida, ya que como surge de las declaraciones hechas al portal Aeromarket, ninguno de los participantes habría informado sobre el modo que les impactó e impactará a las empresas el COVID 19.
Se esmeró además en resaltar que los problemas que padecen vienen de arrastre y que las medidas que vienen solicitando desde también el gobierno anterior, no se van a tomar sin un “diagnóstico previo” (sic), que requería el acuerdo de todos, incluido el gobierno.
La verdad no entiendo.
Estando parado el transporte en la Argentina, incluido el aéreo por disposición del gobierno y cerradas las fronteras, es lógico pensar que las líneas aéreas están sin actividad, por tanto sin ingresos, con gastos y obligaciones, incluidas fiscales, de cumplimiento compulsivo y con la prohibición de efectuar despidos y suspensiones.
Por otra parte, precisamente por el conocimiento que tiene Pala Tamburelli de la actividad, cuesta encontrarle sentido a su respuesta.
De todos modos debemos admitir que la responsabilidad no es de ella, sino del Ministerio de Transporte, que es quien debe proponer la política del sector al Poder ejecutivo para su implementación.
La ANAC tiene competencia para pronunciarse sobre la legalidad de las empresas que actualmente operan con matricula “LV”, y en su caso disponer las medidas del caso quizás en consulta con el Ministerio de Transporte.
En cuanto a las medidas que piden las empresas, algunas que ya se deberían haber resuelto, como el tema de los saldos técnicos del IVA que dependen de una RG de la AFIP; una rebaja de las tasas y precios que se aplican al transporte aéreo por diferentes servicios que se resuelven con un decreto del P.E., y una ordenación de la oferta en el cabotaje que está al alcance de la ANAC.
Para esto no hace falta diagnóstico, sino simplemente algo muy sencillo, “CONOCER LA ACTIVIDAD Y EL MARCO EN EL QUE SE DESENVUELVE”
En general todo funcionario cree que debe tener un lapso de “aprendizaje y conocimiento” y la cosa es al revés, esos dos elementos hacen a su “idoneidad” y deberían ser previos. Nos consta que la administradora tiene ese bagaje, por eso más nos decepcionaron sus respuestas.
En fin, esa reunión tuvo un efecto positivo. “nos desilusionó a todos (y todas)”, por algo se empieza…
PD. el 16 de abril le solicité a la Licenciada Tamburelli su visión sobre la reunión que da motivo a esta nota y hasta hoy no tuve respuesta, bueno en realidad la tuve, tácitamente…”A buen entendedor, sobran las palabras…”
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