por Pablo Fernández Garateguy
De acuerdo con la exhaustiva investigación periodística publicada originalmente el pasado 6 de noviembre por el Diario La R, el entramado operativo bajo la lupa de las autoridades habría consistido en la utilización de "camiones fantasmas" e ingresos informáticos ficticios para nacionalizar soja paraguaya en tránsito y despacharla hacia la República Popular China declarada falsamente como producto uruguayo. Este esquema, presuntamente en conocimiento de altas jerarquías de Neltume Ports y el Grupo Ultramar (controladores de la terminal), constituiría una flagrante violación al régimen de Puerto Libre (Ley Nº 16.246) y a las normativas de trazabilidad fitosanitaria del MGAP.
A nivel de técnica tributaria, el impacto económico adquiere una gravedad sin precedentes. Al simular mediante registros apócrifos que el grano paraguayo era de origen nacional, la red comercializadora habría quedado habilitada para solicitar ante la DGI devoluciones millonarias de certificados de crédito fiscal por concepto de IVA tasa 0% asociados a costos de producción internos inexistentes. Ya no hablamos únicamente de una infracción administrativa aduanera, sino de una presunta y multimillonaria defraudación tributaria estructural contra las arcas del Estado.
Este fenómeno no es una novedad absoluta en la Hidrovía Paraná-Paraguay; es la repetición de un patrón. La región ya experimentó distorsiones idénticas entre 2013 y 2015, cuando la Disposición 1108/2013 de Argentina estranguló los transbordos en puertos uruguayos, provocando una paradoja estadística donde los certificados de origen emitidos en la región llegaron a desafiar las capacidades de producción física real de los países para encubrir el arbitraje fiscal y cambiario de mercaderías trianguladas. El sistema de comercio exterior uruguayo no puede alegar sorpresa: los riesgos de opacidad informática en el control de segunda línea ya eran conocidos, y aun así se incurrió en una tolerancia regulatoria selectiva ex post.
La asimetría en la gobernanza es el punto de mayor ruptura política. Mientras el oficialismo y los organismos de control mantuvieron bajo un severo e implacable escrutinio el acuerdo de prioridad de atraque con Terminal Cuenca del Plata (Katoen Natie), las terminales controladas por Neltume operaron durante años en una llamativa zona de opacidad inspectiva. Esta disparidad coincide con una conflictividad laboral asimétrica por parte del sindicato portuario (SUPRA), cuyas oleadas de paros se han concentrado de forma quirúrgica en estrangular la operativa de Katoen Natie, funcionando en la práctica como una barrera operativa artificial que desvía cargas hacia los muelles explotados por Montecon, socia del consorcio investigado.
La administración actual se encuentra evaluando una iniciativa privada de US$ 900 millones presentada por Neltume Ports para construir una nueva terminal de contenedores en Montevideo. Tras las revelaciones documentales expuestas por la prensa, el Estado incurriría en un riesgo moral inaceptable si subordina la rigurosidad de los controles fitosanitarios y de compliance legal a las expectativas de la inversión prometida. Entregar una infraestructura crítica de soberanía nacional a firmas salpicadas por audios corporativos que discuten la evasión de fiscalizaciones dinamitaría la confianza comercial de China, un comprador con tolerancia cero ante el fraude de trazabilidad alimentaria.
El "Sojagate", tal como lo ha puesto sobre la mesa el Diario La R, obliga a las agencias estatales a actuar con el máximo rigor técnico y penal, despojadas de complacencias políticas. La soberanía y el estatus de puerto seguro de Uruguay no pueden ser moneda de cambio ni estar condicionados por el volumen de las promesas de inversión de sus operadores.
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